El Gobierno anunció este martes la disolución de más fondos fiduciarios públicos, entre ellos uno destinado a la asistencia directa a víctimas del delito de trata y explotación de personas. Lo hizo por intermedio del Decreto 1048/2024, publicado en el Boletín Oficial con las firmas de Javier Milei, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
Se trata de los denominados “Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE)”, “Programa de Inversiones Estratégicas”, “Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata” y “Programa para incrementar la Competitividad del Sector Azucarero del Norte (PROICSA)”, además del “Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria”.
Según establece aquel documento, “continuarán vigentes las obligaciones de los fiduciarios de los Fondos alcanzados por la presente medida, con el fin de asegurar la coordinación y producción de información, así como la ejecución de los actos relativos a la administración de la disolución y posterior liquidación”.
El “Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE)” tenía por objeto financiar emprendimientos e instituciones de capital emprendedor registrados como tales, y presentó “debilidades en la gestión de inversiones y su recupero, falta de manuales operativos y de procedimientos, debilidades en las rendiciones de cuentas y falta de indicadores de gestión”.
En cuanto al “Programa de Inversiones Estratégicas”, cuyo objeto es invertir en sectores estratégicos para el ESTADO NACIONAL, fomentando la generación de empleo como política de desarrollo económico en pos de la sostenibilidad de la economía real, el Estado consideró que “no hay motivos que justifiquen su permanencia” debido a su “falta de funcionamiento”.
Por su lado, sobre el “Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata” se descubrió “la inexistencia de un manual de procedimientos formalizado, falencias observadas en el Contrato de Fideicomiso y la inexistencia de un Sistema Informático para la gestión de la unidad ejecutiva del referido Fondo, entre otros”.
En relación con el PROICSA, destinado al otorgamiento de créditos para promover la competitividad de la industria azucarera del Noroeste argentino, se arribó a la conclusión de que “desde el año 2020 no tiene actividad alguna en relación con desembolsos por realizar”.
Por su parte, la auditoría llevada a cabo sobre el “Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria” determinó la existencia de debilidades importantes respecto de su desenvolvimiento, así como demoras en la rendición de cuentas por parte del Fiduciario, entre otras irregularidades.
“En virtud de lo expuesto en los considerandos precedentes, resulta oportuna la disolución de los citados fondos fiduciarios en el contexto económico actual, con el fin de propender a la mayor transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos”, se explicó en los considerandos de la medida.
Este mismo mes, el Gobierno anunció que dejaba de existir, «tal como se lo conoce», el plan Procrear, un programa de créditos hipotecarios creado por decreto en 2012 que tenía como principal objetivo facilitar la compra de una propiedad como primera vivienda.
Desde su asunción, Javier Milei puso el ojo en los fondos fiduciarios, una masa de recursos cercana a los $ 3 billones que buscaba eliminar por considerarla parte de las «cajas negras» de la política. El Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Procrear) era uno de los más relevantes de esos fondos, aunque no el único que pasó por su motosierra.
ES