Una posible reforma previsional es parte de la agenda de trabajo del Gobierno para este año, aunque todavía no está definido cuándo ingresará el proyecto al Congreso. Desde modificar la edad jubilatoria, pasando por la eliminación de los “regímenes especiales” y un plus para los trabajadores que contasen con todos los años legalmente requeridos de aporte son algunas ideas en danza. La falacia de echar culpas al trabajador de su condición ante la ley en esquemas laborales en relación de dependencia y los niveles de pobreza de los jubilados actuales, son algunas preocupaciones planteadas por la oposición política.
El Gobierno dejó trascender que prevé otorgar un premio vinculado con el crecimiento económico para los jubilados que hayan aportado 30 o 35 años pues “merecen un reconocimiento a ese esfuerzo”. El titular de Anses, Mariano de los Heros, marcó esa diferencia en declaraciones radiales.
El abogado previsionalista Facundo Fernández Pastor en diálogo con Página/12 explicó que “Macri creó un sistema con tres haberes mínimos: para quienes cumpliesen todos los requisitos el 82 por ciento del salario mínimo vital y móvil (SMVM), la jubilación mínima de moratoria y la Pensión Universal por Adulto Mayor (PUAM que equivale al 80 por ciento del haber mínimo) para las demás personas. De modo que la distinción para quienes cumplen con todos los requisitos ya existe”.
Hoy día la jubilación mínima más el bono de 70.000 pesos está por encima de ese 82 por ciento del SMVM, según los cálculos de Fernández Pastor. Es que el salario mínimo permanece en mínimos históricos, al tiempo que los niveles de pobreza e indigencia entre los jubilados aumentaron de manera estrepitosa y el Gobierno se niega a actualizar el valor del bono. “Se encontraban en condición de pobreza el 13,2 por ciento de las personas mayores de 65 años en el primer semestre de 2023, para pasar a ser el 29,7 por ciento apenas un año más tarde. Es decir, más del doble”, contó David Cufré en una nota del viernes pasado en este diario.
Otra rareza en el planteo del Gobierno es que la fórmula de movilidad jubilatoria previa a la asunción de Milei ya incorporaba el factor crecimiento económico a través de la recaudación de Anses, que explicaba la mitad del cálculo. Pero el presidente modificó por decreto la fórmula eliminando ese componente: ahora las jubilaciones se ajustan sólo por la inflación de dos meses pasados.
Moratoria
Otra cuestión que analiza el Gobierno es no prorrogar la moratoria previsional, que vence en marzo de 2025. Esto había sido planteado en la discusión original por la Ley Bases y el paquete fiscal pero encontró resistencia en el Congreso. Para estas personas el Gobierno ofrecería PUAM, que se acerca a un ingreso de pobreza.
La moratoria es pensada para los trabajadores que no cumplen los requisitos mínimos legales para jubilarse, que “en esta Argentina tan heterogénea son unos cuantos”, observa el abogado especialista Federico Bobrovsky. “Es una falacia decir que el trabajador no realizó los aportes, ya que éste no elige su forma de contratación y desde el punto de vista legal es una obligación del empleador registrarlo”, aclara.
Además, es intención del Gobierno ir bajando las cargas sociales, como parte de la reforma tributaria que está en carpeta y con la vieja idea de que esto promueve el empleo. Actualmente, los aportes y contribuciones a la seguridad social dan cuenta de un 4,9 por ciento del PBI en términos de recaudación, que es mucho, así que deberán analizar cómo reemplazar ese flujo de ingresos. En este sentido, para Bobrovsky “valdría la pena diferenciar entre los aportes que hacen las pymes de los que pueden hacer otras grandes empresas”.
Otro objetivo de la eventual reforma previsional de este año es la eliminación de los “regímenes especiales” con el objetivo de “simplificar” el sistema. El Gobierno sostiene que existen unos 200 regímenes jubilatorios especiales pero Fernández Pastor asegura que esa cifra es falsa, “ya que en la actualidad muy pocos de esos regímenes están vigentes y poco más de un millón de personas reciben haberes a través de ellos”.
Además el especialista distingue “los regímenes de privilegio –que tienen magistrados, personal de servicio exterior y arzobispos y obispos- de aquellos ‘especiales’ que corresponden a labores que existe un interés de parte del Estado en que la gente trabaje de eso o se les reconoce insalubridad, como el caso de los docentes, los recolectores de residuos, el trabajo de mineros, etc”. En estos últimos “las cargas sociales son más altas así que no cabría echarles la culpa de la insostenibilidad del sistema previsional”, aclara.
Por último, aunque no menos importante, el Gobierno no descarta una reforma en la edad jubilatoria. Actualmente, las mujeres se jubilan tras 60 años de servicio y los varones luego de los 65, pero para el Gobierno esta diferencia carece de sentido y evalúa llevar la edad de ambos a 65 años, como mínimo.