El sistema procesal acusatorio, que otorga el máximo poder sobre las investigaciones a los fiscales, llegará a Comodoro Py, donde funcionan los tribunales federales que la política mirá con particular atención. El 11 de agosto es la fecha que el ministerio de Justicia que dirige Mariano Cúneo Libarona informó para la implementación de esta modalidad, que transformará el rol de los hasta ahora poderosos jueces de instrucción.“Pasarán a ser jueces de garantías, que garantizarán la legalidad del proceso pero ya no conducirán”, señalaron fuentes judiciales a Clarín.
El sistema acusatorio reemplaza al adversarial, que todavía rige en la mayoría de las jurisdicciones de nuestro país. Pone al frente del procesos de investigación a los fiscales. Ahora, los jueces dirigen el proceso y toman las decisiones. Otra de las particularidades del nuevo sistema es la oralidad en todo el transcurso del caso, lo que le daría mayor celeridad a los expedientes.
Este sistema rige en Salta y Jujuy desde la gestión del ex presidente Mauricio Macri. El gobierno de La Libertad Avanza lo implementó en otros distritos, llegando ahora a doce provincias.
El Ministerio de Justicia informó esta semana al presidente de la Cámara Federal de Apelaciones -Mariano Llorens-, que el 11 de agosto se implementará el sistema acusatorio en los tribunales de Retiro.
Las diferencia y un reclamo sostenido
Respecto de esa decisión, fuentes de la Procuración General de la Nación -que conduce a todos los fiscales cuyo rol cambiará dramáticamente- expresaron: “La implementación del sistema acusatorio en Comodoro Py plantea todo un desafío desde lo cultural, histórico y en cuanto a recursos”.
Sin dejar de lado los reclamos formulados por el procurador Eduardo Casal, desde esa oficina añadieron: “No se trata del mismo proceso que empezó allá en el 2019 y que exitosamente viene llevando adelante el sistema de justicia, con una Corte con cimbronazos y cambios de integración, con un Consejo de la Magistratura que también ha sufrido cambios y, sobre todo, con un Procurador interino que ha sabido llevar adelante ese proceso que afecta principalmente a su organismo, sin los recursos suficientes y sin el respaldo político que debiera tener, ya que todos los gobiernos tuvieron y tienen otros candidatos pero cargan las responsabilidades de ese cambio estructural en sus espaldas”.
La Procuración ya manifestó en reiteradas notas la preocupación frente a los anuncios del Gobierno sobre una implementación simultánea del sistema acusatorio. “Estamos hablando de un sistema que modifica la actual forma de llevar adelante los procesos y que requiere de mayores instalaciones para las permanentes audiencias, y de los recursos humanos necesarios para esa tarea”, señalaron fuentes judiciales, sin ocultar la inquietud. La mirada sigue posándose sobre la inversión que este sistema requiere para cumplir con los objetivos trazados.
La falta de recursos tecnológicos -había escrito Casal- “limita significativamente el potencial de la herramienta y afecta la calidad y celeridad que le podría aportar a las investigaciones penales”.
El mismo funcionario judicial de la Procuración que habló con Clarín enfatizó que “con una desproporción gigantesca entre los recursos humanos que tiene el Poder Judicial frente a los fiscales que ahora tienen que asumir el desafío de llevar adelante las investigaciones más complejas y críticas de la Argentina, sin tiempo, sin certezas, con múltiples vacantes que cubrir y con grandes juicios que están en curso, va a ser muy difícil”.
El cambio de paradigma impacta de lleno en los doce juzgados de instrucción, que es donde inician las investigaciones penales por corrupción de los funcionarios nacionales. Aunque a la fecha, cuatro de ellos se encuentran vacantes.
“Hay un pérdida de poder real de los jueces de instrucción y de los jueces de juicio, de los Tribunales Orales Federales”, explicó a Clarín un funcionario judicial que sigue de cerca la implementación del sistema acusatorio.
Los cambios centrales
Con el nuevo sistema procesal, los fiscales serán los responsables de colectar las pruebas para formular las acusaciones pertinentes y llevar a los imputados a la instancia del juicio oral y público para concluir allí, el proceso penal.
A la fecha existe una Oficina judicial que maneja y distribuye todos los casos que ingresan a Comodoro Py, pero desde agosto todo ingresará a través del Ministerio Público Fiscal, “lo que demandará un mayor coordinación con los fiscales”, señaló una fuente judicial.
“Sólo se sortearán los jueces de revisión, que lo harán los jueces de garantías cuando eleven las apelaciones, lo que implica que los jueces dejan de dictar “procesamientos”, serán garantes del proceso que lleva la fiscalía adelante”, dijo una fuente oficial que interviene en la implementación del sistema acusatorio.
Los cambios también llegan a los Tribunales Orales de Juicio. Según las explicaciones brindadas por quienes llevan adelante el proceso de implementación, los jueces de esta instancia “van a tener menos intervención, porque sólo lo harán cuando hay contradicción en lis planteos”.
Será la actual Cámara Federal de Apelaciones porteña la que- en una ampliación de sus funciones- decidirá aquello que irá a juicio y lo que no. “Eso incluye determinar con qué medidas de prueba de va al debate oral”, explicó un juez de Cámara a Clarín.
Fuentes judiciales plantearon su nivel de preocupación por el anuncio del gobierno, que sorprendió a más de uno. Desde Comodoro Py hablaron de “diversos motivos para la implementación apresurada del sistema acusatorio en los Tribunales de Retiro”. Mencionaron desde “la campaña electoral» hasta «mandar un mensaje a la justicia» o forzar «un cambio de ministro».