Este lunes, desde la sede del Escuadrón 52 de Gendarmería ubicado en Tartagal, los gobiernos nacional y de Salta anunciaron el lanzamiento del “segundo tramo” del denominado Plan Güemes . Desde fines de 2024, con la excusa de “combatir” al narcotráfico, la trata de personas y otros fenómenos del crimen organizado, el Ministerio de Seguridad comandado por Patricia Bullrich viene militarizando (aún más) el territorio salteño cercano a la frontera con Bolivia. En sus planes está hacer lo propio en Formosa (frontera con Paraguay) y Misiones (lindante también con Brasil).
En estos primeros cuatro meses, el “Plan” se desplegó en los departamentos de Orán y Aguas Blancas. Ahora se suma el departamento de San Martín, donde las fuerzas federales controlarán el corredor que abarca las ciudades de Tartagal, Salvador Mazza y Aguaray. Con una novedad: la incorporación del Ejército Argentino al patrullaje de la frontera con Bolivia. Así lo anunció ayer el ministro de Defensa Luis Petri, presente en el acto junto a su par de Seguridad y el gobernador massista Gustavo Sáenz.
A Petri y sus asesores no se les ocurrió mejor idea que bautizar Operación Presidente Julio Argentino Roca a la incursión militar en un territorio mayoritariamente poblado por comunidades originarias. A través de la Resolución 347/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo autoriza a las Fuerzas Armadas a intervenir (en principio hasta el 15 de diciembre) en “Zonas de Seguridad de Fronteras”, actuando coordinadamente con las fuerzas federales y la policía provincial. Formalmente, los militares no estarían en pasos habilitados y zonas urbanas. Sólo formalmente.
Este lunes en Tartagal el radical Petri tuvo, además, una nueva expresión de negacionismo respecto al genocidio perpetrado en Argentina entre mediados de los años 70 y principios de los 80. Para él, lejos de haber sido condenadas por la sociedad a raíz de sus múltiples y aberrantes crímenes de lesa humanidad, las Fuerzas Armadas fueron injustamente “perseguidas” y “canceladas” por un “sesgo ideológico” que las obligó a estar “limitadas a la hora de intervenir en las fronteras”. Un canalla.
Te puede interesar: Alejandro Vilca : «Bullrich sólo busca fortalecer la represión en la frontera»
Te puede interesar: Alejandro Vilca : «Bullrich sólo busca fortalecer la represión en la frontera»
Primer tramo sangriento
En el acto, tanto la ministra Bullrich como el gobernador Sáenz dijeron que hasta ahora el Plan Güemes es “un éxito”. Y que van por más. La jefa de las fuerzas federales anunció que se buscará firmar un convenio con Bolivia para controlar en común el espacio aéreo. Y el mandatario local prometió “invertir” más de $ 150 millones en “reacondicionar instalaciones” para alojar a las tropas. Sin dar precisiones, Sáenz dijo que el “Plan” en Orán y Aguas Blancas ya incautó “más droga que en todo el año pasado” y “detuvo más personas”.
Más allá de las palabras oficiales y de iniciativas “originales”, como la instalación de un alambrado entre la terminal de Agua Blancas y el Puerto de Chalanas, si por algo debería ser recordado este “primer tramo” del Plan Güemes es por su criminalidad de Estado.
El 18 de diciembre, apenas nueve días después de lanzado, Gendarmería se cargó a las primeras víctimas del Plan Güemes . En un “operativo” ordenado por el Poder Judicial pero enmarcado en las directivas de Bullrich, una patrulla del Escuadrón 20 asesinó de dos balazos al trabajador de 27 años Fernando Gómez y dejó un tendal de heridos, entre ellos Ariel Gareca, a quien un disparo en la cabeza le arrebató la movilidad de la mitad de su cuerpo.
El crimen de Gómez no fue producto de ninguna “lucha contra el narcotráfico”, como lo disfrazó tempranamente y sin ninguna prueba la ministra. El joven era un bagayero, de los miles que día a día, en situaciones de extrema precariedad, se ganan el mísero mango de la subsistencia trasladando mercaderías de un país a otro. Mercaderías que luego grandes y medianos empresarios comercializan sin culpa en diversas ciudades salteñas y de otras provincias.
El contexto y los detalles del asesinato de Fernando están relatados en el documental “Morir en Orán”, realizado por un equipo de La Izquierda Diario al cumplirse un mes de la muerte. Por el caso se abrió una causa penal en la que están imputados los gendarmes Néstor Ortiz, Jonatan Franco, Marcelo Vega, Mauro Cuña y Andrés Vázquez, todos del Escuadrón 20 de Orán.
Te puede interesar: Bullrich y la represión en Congreso: del armado de causas truchas a su responsabilidad criminal
Te puede interesar: Bullrich y la represión en Congreso: del armado de causas truchas a su responsabilidad criminal
La familia Gómez, junto a organismos de derechos humanos, denunciaron recientemente que los gendarmes no sólo siguen libres, sino que la jueza federal Ivana Hernández parece estar jugando para el Gobierno. Por caso, la magistrada decidió caratular el expediente apens como “homicidio en riña o en el marco de una agresión” (revictimizando a la víctima) y desatender el reclamo de los familiares para que los criminales sean detenidos y acusados de “homicidio agravado”.
Segundo tramo con un genocida como emblema
El supuesto “éxito” de estos meses de control represivo a las poblaciones salteñas de Orán y Aguas Blancas envalentonó a los funcionarios. Ahora, sumando al Ejército, lanzan la Operación Presidente Julio Argentino Roca , que ordena el despliegue de medios y personal militar en el departamento de San Martín, alcanzando a las localidades de Tartagal, Salvador Mazza y Aguaray.
“Bullrich y Sáenz dicen que el Plan Güemes viene siendo un ‘éxito’ contra el narcotráfico, pero la verdad es que es un plan contra el pueblo trabajador. Es en el marco de ese ‘plan’ que Gendarmería mató a Fernando, por quien hoy seguimos pidiendo justicia”, dice a La Izquierda Diario Daniela Planes, docente y candidata a concejal de la capital Salteña por el PTS-Frente de Izquierda en las elecciones del próximo 11 de mayo.
“Lo que quieren es hacer pasar este ajuste con mayor represión”, afirma la trabajadora de la educación. Y agrega que “en este caso es más brutal aún, porque además de represivo es racista. Dentro del Plan Güemes plantean la Operación Roca, en una provincia con pueblos y culturas originarias presentes en todo el territorio. Es una provocación que no podemos dejar de repudiar y enfrentar”.
Te puede interesar: Represión de Bullrich: Human Rights Watch reclama que se investigue a las fuerzas federales
Te puede interesar: Represión de Bullrich: Human Rights Watch reclama que se investigue a las fuerzas federales
En los últimos días se intensificaron los vuelos de aviones de las fuerzas federales sobre las regiones de Tartagal y Salvador Mazza, lo que causa inquietud en las poblaciones. El diario El Tribuno, que no se caracteriza precisamente por defender las libertades y derechos de la clase trabajadora salteña, no pudo desconocer la preocupación de los pobladores que siempre vieron la distancia entre los discursos oficiales y la realidad de un Estado cómplice con el gran delito. En una de sus crónicas citan a uno de ellos: “Está muy bien que combatan a los narcos y a los grandes contrabandistas que llevan camiones y ómnibus llenos de mercadería, pero no a la gente que cruza papel higiénico o servilleta porque es la única fuente de trabajo que tienen. Que controlen a los gendarmes, policías y federales porque si la droga pasa es por complicidad de muchos”.
Daniela Planes amplía esa mirada: “Nos quieren hacer creer que Gendarmería, Policía Federal y la propia Policía de Salta pueden combatir al narcotráfico, las redes de trata y otros grandes delitos, cuando en verdad todo el pueblo sabe que el Estado es cómplice, con bandas integradas también por uniformados y con funcionarios y jueces que encubren a los jefes, que a su vez financian las campañas de los partidos tradicionales”.