La Cámara de Diputados de Argentina se encuentra en el centro de un debate crucial sobre jubilaciones, moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. En una sesión especial convocada por la oposición, se busca aprobar una serie de iniciativas que impactarían directamente en la calidad de vida de miles de ciudadanos.
Este debate en Diputados se da en un contexto de ajuste fiscal implementado por el gobierno de Javier Milei, lo que ha generado una fuerte reacción por parte de distintos sectores políticos y sociales. El gobierno ha llevado adelante una política de reducción del gasto público, lo que ha afectado a sectores vulnerables como jubilados y personas con discapacidad.
En respuesta, la oposición ha impulsado proyectos de ley que buscan mejorar los haberes previsionales, extender la moratoria jubilatoria y garantizar las pensiones no contributivas. Además, se discutirá el financiamiento del Hospital Garrahan, una institución clave en la atención pediátrica del país.
Uno de los puntos centrales del debate es la mejora de los haberes jubilatorios. La oposición propone un incremento excepcional del 7,2% para compensar la inflación y la actualización del bono previsional, que pasaría de 70.000 a 115.000 pesos, ajustado por inflación.
También se busca prorrogar por dos años la moratoria previsional que venció en marzo pasado, permitiendo que quienes no completaron los años de aportes puedan acceder a una jubilación. Otro tema clave es la declaración de emergencia en discapacidad, que contempla medidas como la restitución de las Pensiones No Contributivas (PNC) dadas de baja por el gobierno, la actualización mensual de los aranceles para prestadores de servicios y la equiparación de las asignaciones para trabajadores de talleres protegidos al salario mínimo.
Además, se propone declarar de interés público nacional los servicios básicos que brindan atención a personas con discapacidad. En cuanto al Hospital Garrahan, se busca declarar la emergencia por dos años debido a la grave crisis que atraviesa la institución.
La postura del Gobierno
La falta de financiamiento ha afectado la atención médica y la disponibilidad de insumos, lo que ha generado preocupación en la comunidad médica y en las familias que dependen de sus servicios. El gobierno de Milei ha manifestado su rechazo a estas iniciativas, argumentando que representan un gasto fiscal excesivo.
Desde el Ministerio de Economía se estima que el impacto de estas medidas sería del 1,8% del PBI, lo que contradice la política de déficit cero promovida por la administración libertaria. Milei ya ha adelantado que, en caso de aprobarse estas leyes, utilizará su poder de veto para impedir su implementación.
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