Economía
La Mesa de Enlace advierte por el INTA
Se especula que el gobierno busca anunciar más de 1500 despidos y poner en venta miles de hectáreas del organismo.
La tensión entre el gobierno nacional y el sector agropecuario por el futuro del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) va en aumento. El equipo económico sigue insistiendo en su programa de ultra ajuste y tiene en la mira a esta entidad. La posibilidad de que la gestión de Javier Milei impulse una profunda reforma sobre el INTA puso en alerta a la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA), que exigió al Ejecutivo mantener la autarquía, la gobernanza y la estructura territorial del instituto. Se especula que el gobierno busca anunciar más de 1500 despidos y poner en venta terrenos por miles de hectáreas del organismo.
El reclamo del campo llegó tras una reunión entre los principales referentes de la Mesa de Enlace —Carlos Castagnani (CRA), Lucas Magnano (Coninagro), Andrea Sarnari (FAA) y Eloísa Frederking (SRA)— y las autoridades nacionales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, junto con el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, y su vicepresidenta, María “Pilu” Giraudo. El encuentro se realizó a pedido de las entidades rurales ante las versiones que anticipan un inminente decreto presidencial que alteraría la esencia del organismo.
Los dirigentes rurales manifestaron tres preocupaciones centrales: que el INTA conserve su autonomía financiera y operativa, que mantenga su sistema de gobernanza con participación del sector productivo, y que no se desmantele su red de Centros Regionales, considerados claves para el desarrollo agropecuario federal.
Si bien admitieron que “algunas reformas pueden ser necesarias para tener un INTA más eficiente y moderno”, advirtieron que cualquier cambio que socave el rol del instituto “perjudica a todo el sector”. En un comunicado conjunto, la CEEA reafirmó su compromiso con el organismo: “Los productores quieren y necesitan un INTA con presencia territorial y capacidad técnica, que promueva el desarrollo del campo en todo el país, en beneficio de todos los argentinos”.
El trasfondo de esta disputa está relacionado con el proceso de ajuste del Estado que lidera el ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger. A fines de mayo, el funcionario anticipó que al menos 40 organismos estatales serían reformulados, y apuntó directamente contra el INTA. Aseguró que su presupuesto representa “la mitad de las retenciones del maíz” y que necesita “un rediseño importante”.
Las medidas en estudio son profundas. Según trascendió, el decreto ya está redactado y habilitaría el despido inmediato de unas 800 personas que no están en planta permanente, lo que representa la mitad del recorte que planea el Gobierno. El número final de cesanteados podría ascender a 1.500 trabajadores. Además, se pondría en marcha un programa de retiros voluntarios y, en paralelo, se modificaría el sistema de gobernanza del instituto, hoy controlado por un directorio con amplia participación de entidades agropecuarias y universidades públicas.
La posibilidad de alterar esa gobernanza —hasta ahora un freno a los intentos de vaciamiento— es otro foco de conflicto. En su estructura actual, el directorio del INTA cuenta con tres representantes del Ejecutivo, cinco del agro y dos del ámbito académico. Pero el nuevo esquema buscaría diluir esa representación e introducir criterios más afines a las políticas de ajuste.
Este jueves se realizará una asamblea en el INTA Castelar, el principal centro de investigación del organismo. La convocatoria, impulsada por los trabajadores nucleados en ATE, podría ser el punto de partida para una marcha en defensa del instituto.