En una sesión marcada por el oportunismo político y el desprecio por los principios republicanos, el Senado de la provincia deBuenos Airesaprobó este jueves un proyecto que habilita la reelección indefinida de senadores, diputados, concejales y consejeros escolares. El empate técnico en la votación —22 votos a favor y 22 en contra— fue destrabado por el voto de la vicegobernadora kirchnerista Verónica Magario, quien desempató a favor y sentenció: “Mi voto es positivo. Así que la ley tiene media sanción”.
La iniciativa, impulsada por un sector del kirchnerismo, representa un retroceso institucional sin precedentes desde la sanción de la ley de 2016, que limitaba a dos los mandatos consecutivos en la Legislatura y en cargos municipales. Aquella norma, promovida durante la gestión de María Eugenia Vidal, buscaba frenar la profesionalización vitalicia de la política, un mal endémico que impide la renovación de ideas y figuras.
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Ahora, el nuevo texto —que aún debe ser aprobado en la Cámara de Diputados— reinstaura el privilegio de la reelección indefinida para legisladores, aunque deja fuera de este beneficio a los intendentes. Este detalle no es menor: fue interpretado como una jugada de equilibrio entre el kirchnerismo y el sector del gobernador Axel Kicillof, en medio de versiones sobre posibles pactos para suspender las PASO.
De los 21 senadores peronistas, 19 votaron a favor. A ellos se sumaron dos aliados inesperados: un legislador libertario de perfil dialoguista y el senador Marcelo Daletto, vinculado al monzoísmo. Esta alianza circunstancial dejó al descubierto una red de intereses compartidos por los jefes territoriales que se resisten a abandonar sus bancas y privilegios.
El voto en contra vino de bloques opositores como la UCR, el PRO y el núcleo más férreo de La Libertad Avanza, quienes se manifestaron enérgicamente contra lo que consideran una maniobra antidemocrática. El radical Agustín Maspoli fue contundente: “La provincia tiene muchos problemas que afrontar en materia de salud, educación y seguridad. No es el momento de discutir privilegios electorales”.
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Dentro del propio oficialismo hubo fisuras: la senadora Sofía Vanelli, del massismo, defendió la postura histórica del Frente Renovador y votó en contra. También se opuso el senador Federico Fagioli, del espacio de Juan Grabois, quien ya había obstaculizado la discusión en ocasiones anteriores.
En el campo libertario, la senadora Silvana Ventura se abstuvo, lo que facilitó el empate y obligó a Magario a intervenir. Su falta de definición generó críticas incluso dentro de su espacio, que ven en esta ley una traición a los principios de renovación política y transparencia institucional.
Con esta media sanción, el peronismo bonaerense se blinda electoralmente y avanza hacia una Legislatura eternamente ocupada por los mismos nombres. Es una victoria del aparato político sobre la ciudadanía, de las negociaciones de pasillo sobre la voluntad popular.
Mientras los bonaerenses enfrentan emergencias reales —como el colapso en el sistema de salud, la inseguridad en aumento y una educación pública en declive—, sus representantes eligen legislar en beneficio propio, reinstalando un modelo de poder circular donde el cargo se transforma en propiedad privada.