La ex esposa de Lázaro Báez reclama hace tres años, que se investigue otra ruta de dinero, una que cobró relevancia hace una semana cuando el fiscal general, Diego Luciani, impulsó una serie de medidas para despegar una incógnita: Claudia Insaurralde, novia del dueño del Grupo Austral ¿está manejando dinero de propiedades cauteladas y cobrando alquileres sin bancarizar el dinero? Según un detalle al que accedió Clarín, la pareja de Báez habría administrado propiedades valuadas en más de $ 94,2 millones a valores de 2016.
Norma Calismonte, divorciada hace más de una década de Lázaro Báez, denunció hace tres años a Elizabeth Gasaro (entonces abogada del empresario) y a Claudia Insaurralde. La sospecha es una mala administración y una «defraudación por desbaratamiento». En otras palabras, las acusa de manejar indebidamente dinero que debía ser administrado por la justicia por los embargos dictados en diversas causas.
La ex esposa del empresario K fue a la justicia. Durante meses sospechó de los manejos de Elisabeth Gasaro respecto al poder de administración que tenía y que le permitía manejar fondos en concepto de alquiler de algunas propiedades, como disponer sobre el destino de otras. Las acusaciones alcanzan al hermano de la abogada de Báez.
La denuncia se presentó en el fuero correccional porteño. Los delitos atribuidos fueron: asociación ilícita, defraudación por administración fraudulenta, defraudación por desbaratamiento. Todos esos delitos se explicitan en la carátula de la causa.
Sus sospechas alcanzaban a la novia del empresario patagónico, Claudia Insaurralde, quien también cuenta con un poder de administración Al momento de argumentar porqué decidió radicar esta denuncia, Calismonte bajo el patrocinio del abogado Sebastián Nanini, sostuvo que era una «damnificada directa» de dicho accionar al que calificó de «actos irregulares».
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La ex esposa de Lázaro Báez denunció a la abogada del empresario K por manejar dinero a sus espaldas y sin notificar a la justicia
La presentación judicial sostiene que no actuó en soledad, sino como parte de una estructura que tenía como finalidad «delinquir». Cuando tuvo que especificar a qué respondía ese «accionar delictivo» sostuvo que la finalidad era «desapoderarme de mi patrimonio»:
Esa fortuna que explicita Norma Calismonte responde a una porción de los 1.412 bienes muebles e inmuebles que la justicia le encontró a Lázaro Báez, distribuidos en ocho provincias y valuados a 2016, en 205 millones de dólares.
En este punto, se consignó que el patrimonio «directamente afectado se encuentra conformado por el acervo conyugal del matrimonio que mantuve con el señor Lázaro Báez». Todo se formuló sobre la premisa de una «total ausencia de transparencia en la administración del patrimonio conyugal».
Respecto a la novia del dueño de Austral Construcciones, condenado por lavado de dinero (Ruta del Dinero K) y por administración fraudulenta (Vialidad), la defensa de Calismonte le atribuye el manejo de un conjunto de propiedades valuadas en $ 94.238.000, en 2016 cuando la justicia ordenó al Tribunal de Tasación de la Nación que le asigne un número a la fortuna de Lázaro Báez.
Se trata, en el caso de la denuncia contra Claudia Insaurralde, de la administración de un conjunto de cabañas ubicadas en 28 de Noviembre -localidad minera de Santa Cruz-, tasadas en $ 72 millones.
También desde el entorno de Calismonte, madre de los cuatro hijos de Báez, consignaron a Clarín que por mucho tiempo Insaurralde “manejó las casas ubicadas en Pinamar”. Son cinco inmuebles cuyo valor asciende a $ 21.698.000.
En la calle O’ Higgins, barrio de Belgrano la capital porteña, hay una propiedad que Lázaro Báez le había comprado hace muchos años a su esposa. “Terminó colocado en una inmobiliaria donde figura Insaurralde como si fuera propietaria para percibir los alquileres”, se denunció. La propiedad en 2016, tenía un valor de $ 5.400.000, considerando que son dos departamentos con un piso de diferencia.
“Todo esto fue denunciado y está en el marco de está causa”, explicaron desde la defensa de la ex esposa del empresario patagónico. Se trata del expediente 39848/2021 que quedó, finalmente, radicada en Comodoro Py vinculada al expediente que tiene bajo investigación el patrimonio de Lázaro Báez.
Cuando se radicó la denuncia, el dueño de Austral Construcciones y Calismonte habían firmado un acuerdo de división de bienes que dio a conocer Clarín. El mismo se encuentra en el juzgado de Familia N° 1 de Río Gallegos, a cargo de Antonio Andrade. Allí se detalló el reparto de 85 propiedades, por un valor (según la valuación de 2016) de 1.609.986.400 pesos. También acordaron dividir la participación accionaria en 21 empresas.
En su cláusula quinta se detalló que esos inmuebles, la totalidad registrados a nombre de Báez y que pertenecen a la sociedad conyugal, se van a distribuir: un 50% para Norma Calismonte y el restante porcentaje para el empresario K. Pero no serán los dueños.
Sin embargo, Norma Calismonte sostiene que vio perjudicado el acervo patrimonial, ya que como derivado de la administración “infiel de los fondos que integran el patrimonio conyugal», se manejó durante estos tres años una considerables suma de dinero que nunca ingresó a las cuentas judiciales.
La ex esposa de Lázaro Báez sostiene que le robaron como producto de una administración fraudulenta de bienes patrimoniales de la familia. Desde su entorno aseguraron que se movieron mensualmente más de 2 millones de pesos en concepto de alquiler, «que la familia nunca percibió y ni siquiera fue a las cuentas judiciales», abiertas como resultado de las medidas cautelares.
Sucede que esa primera cifra, habría que actualizar y multiplicarla por estos tres años, “es importante que la justicia determine qué pasó con todo ese dinero”, indicaron fuentes allegadas a Norma Calismonte.
La sospechosa carpeta
Claudia Insaurralde, novia de Lázaro Báez, ingresó el 24 de junio de este año, a la U15 en Río Gallegos donde el empresario está preso cumpliendo la condena por lavado de dinero y fraude al Estado. Llevó una carpeta con documentos que al exponerlos, llamaron la atención. El personal penitenciario le explicó que ese tipo de documentación debía ser tramitado mediante los mecanismos judiciales correspondientes.
Ante esa situación, la defensa del ex socio de Cristina Kirchner, “con los hechos consumados”, dijo el fiscal Luciani, presentó un escrito buscando aclarar estos sucesos. Las explicaciones “resultaron manifiestamente inverosímiles”.
La defensa a cargo de Juan Villanueva, indicó que el personal penitenciario “interpretó como un documento que requería la firma de Báez era, en realidad, una copia de un poder general otorgado por este en 2020 a favor de Insaurralde, certificado por escribano público y autorizado por el Servicio Penitenciario Federal”.
En concreto, la fiscalía ordenó investigar la posible en relación de esos papeles con bienes inmuebles que conforman el acervo patrimonial de Austral Construcciones como de su dueño.
Para la fiscalía la situación expuesta respecto a Claudia Insaurralde, es una “grave alarma señalada, bien puede presumirse que Lázaro Báez, en el pasado, podría haber celebrado otros actos jurídicos susceptibles de entorpecer la orden de decomiso dispuesta en esta causa”.