Un reciente fallo judicial ha generado una profunda preocupación en el sector empresarial de Corrientes. La medida, que restituye el carácter obligatorio del aporte patronal al Instituto Argentino de Capacitación para el Personal de la Industria y Comercio (INACAP), revierte los efectos del Decreto 149/2025, que había otorgado carácter optativo a dicha contribución.
El presidente de la Federación Empresarial de Corrientes (FECORR), Roberto Báez, fue contundente al señalar que esta imposición representa una nueva carga económica para todas las empresas, sin importar su tamaño, afectando de manera crítica al sector PyME, que hoy enfrenta serias dificultades para mantener su operativa y competitividad.
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«Este aporte, que equivale al 0,5% del sueldo básico de cada empleado de comercio –lo que significa 70 mil millones de pesos anuales– se reinstaura como obligatorio, a pesar de que hasta hace pocas semanas regía su condición optativa», expresó Báez.
El titular de FECORR no solo manifestó su inquietud por la carga económica, sino también por el concepto detrás de la obligatoriedad: «Cuando una empresa no ve utilidad en este tipo de erogaciones, termina traduciéndose en un costo que se traslada al precio del producto».
Báez también cuestionó públicamente las declaraciones de Iván Vila, vicepresidente de la Federación Económica de Corrientes, quien había sostenido que el aporte es voluntario. «No entendemos por qué se afirma algo que está claramente determinado como obligatorio por las normativas vigentes», afirmó.
Desde FECORR se remarcó que esta imposición afecta de manera desproporcionada a pequeñas y medianas empresas que no están asociadas a cámaras comerciales ni reciben ningún tipo de beneficio o contraprestación a cambio del aporte.
«No corresponde que se obligue a un empresario, que quizás ha construido una estructura eficiente por sus propios medios, a financiar instituciones a las que ni siquiera pertenece», agregó Báez.
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Destacó, además, que muchas cámaras empresarias, como la que él representa, se financian de manera autónoma a través del aporte voluntario de sus asociados. “Nuestra institución tiene 65 empresas asociadas, todas aportan porque consideran que el servicio que brindamos es útil. Esa es la lógica que debería regir en cualquier organización: el que encuentra valor, elige participar”, explicó.
Cuestionamientos a la administración de fondos y futuras acciones
Sin entrar en detalles sobre la administración específica del fondo del INACAP, Báez señaló que existe una legítima duda sobre el destino de esos recursos millonarios a nivel nacional.
“El financiamiento obligatorio no puede estar sostenido en la presunción de que siempre será útil. Si una empresa considera que la capacitación ofrecida no le aporta valor, tiene todo el derecho de abstenerse de financiarla”, sostuvo.
Frente a este nuevo escenario, Báez confirmó que FECORR continuará promoviendo acciones legales para que se respete la voluntad de los empresarios que optan por no realizar el aporte.
Asimismo, expresó su respaldo a las políticas impulsadas por el gobierno nacional en materia de reforma laboral, particularmente en lo relativo a la eliminación de cuotas obligatorias tanto para empresarios como para trabajadores.
“El espíritu del Decreto 149/2025 era claro: que cada empresa o cámara decida libremente si desea aportar. Esto es coherente con el principio de libertad de asociación y con una economía moderna donde los costos deben tener una justificación práctica”, concluyó.
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Mientras tanto, y mientras el fallo judicial permanezca vigente, las empresas deberán retomar el pago de este aporte, incluso con retroactividad por el período en que no se efectuaron pagos, lo cual incrementa aún más el impacto económico.
Desde FECORR se hizo un llamado a las autoridades judiciales y legislativas a revisar esta situación con mirada federal, contemplando la realidad del empresariado del interior del país, en especial del sector PyME, que hoy representa el motor principal de la economía real.
La lucha empresarial por la autonomía financiera en tiempos de crisis
El fallo que restituye el aporte obligatorio a INACAP representa un nuevo desafío para las empresas correntinas, especialmente para las PyMES, en un contexto económico ya de por sí complejo.
La postura de FECORR, que busca la libertad de elección en la financiación de instituciones, subraya la necesidad de que las políticas y decisiones judiciales consideren el delicado equilibrio financiero de los emprendimientos.
Este conflicto pone de manifiesto la tensión entre la normativa y la realidad empresarial, y la decisión de FECORR de impulsar acciones legales demuestra la firmeza del sector en defender lo que considera una carga injustificada que impacta directamente en la competitividad y la generación de empleo.