Gonzalo Martínez y Ezequiel Orlando
Ninguna política pública que implique aumentar derechos es “gratis”, aclara Javier Milei en cada oportunidad. La baja de las retenciones al campo no resulta una excepción. Los economistas calculan que el Estado dejará de recaudar por estos aranceles un monto que se ubica entre el 0,1% y el 0,3% del PBI. El aumento de los jubilados que definió el Congreso se calcula en el 0,2% para lo que queda del año y del 0,4% anualizado.
Para el director del CEPA, Hernán Letcher, el costo de las medias estaría cerca del 0,2% del PBI. Coincide con este análisis el economista jefe de Invecq, Matías Surt, quien en Twitter (“X”) planteó que se ubicaría entre el 0,2% y 0,3% del producto, mientras que para Fernando Marull, el guarismo sería del 0,1%.
La ley sancionada en el Congreso, que el jefe de Estado adelantó vetará, prevé un aumento del 7,2% para las jubilaciones y pensiones y eleva el bono de $ 70 mil a $ 110 mil. El costo fiscal de lo primero, la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC) lo ubica en el 0,2% del PBI para lo que queda del año y lo asciende al 0,41% del producto anualizado. En lo que respecta al bono, el costo lo proyecta en el 0,12% del PBI, con un costo anualizado estimado en el 0,38%.
Un informe de Invecq del mes pasado estimaba la reinstauración de la moratoria previsional en un esfuerzo del 0,2% del PBI y las iniciativas vinculadas a discapacidad implicarían un gasto de 0,3% del PBI. La OPC la había proyectado las nuevas altas por la emergencia nacional en discapacidad entre el 0,22% y 0,42% del producto.
El Gobierno busca con esta medida darle un incentivo al agro para poder contar con mayores liquidaciones de divisas tras el período de la cosecha gruesa y en la antesala de las elecciones de octubre donde el oficialismo busca llegar con el dólar calmado. “Lo que se intenta, si esto se pone en marcha brevemente, que sea un estímulo para aquellos que todavía tienen algo para liquidar y sobre todo de cara a la cosecha fina, es de alguna manera asegurarse dólares en momentos donde la dinámica cambiaria se recalentó”, sostuvo a este medio Leo Anzalone, economista y director del Centro de Estudios Políticos y Económicos (Cepec).
Si bien la baja de retenciones significa menos ingresos para el Estado, no complicaría la meta con el FMI, aunque obstruye los anhelos del ministro de Economía, Luis Caputo, del superávit del 1,6%. “Vemos complicado el objetivo que se puso el Gobierno, pero no pone en peligro el superávit fiscal, que va a ser del 1,3%”, expresó a PERFIL Matías Rajnerman, director del Centro de Estudios Económicos del Banco Provincia. Aclaró que los efectos de mayores ingresos de dólares podrían verse con mayor fortaleza el año próximo. Para este ya adelantaron exportación antes del aumento temporal de aranceles de julio.
Para el productor, la baja de los derechos de exportación implicaría un alivio en la rentabilidad, pero continuarán con pérdidas. Según Néstor Roulet, exsecretario de Agricultura y productor agropecuario, el sojero que alquila campo, que es el 66%, pasaría de perder US$ 90 por hectárea a US$ 50. Incluso, hay quienes dentro del campo sostienen que prefieren “mantener cautela” frente a lo anunciado por Milei.
Esa diferencia de US$ 40 por hectárea de alivio que recibe el campo, multiplicada por los 17 millones de hectáreas donde se siembra soja, ronda los US$ 700 millones, un 9% del equivalente de la deuda que la provincia de Buenos Aires le reclama a Nación, que asciende a US$ 7.700 millones. A la vez, es casi la totalidad de lo que exigen La Rioja y Santa Fe y supera lo que piden en conjunto Santiago del Estero, La Pampa y Formosa.