Hacia el final de la maratónica jornada parlamentaria de este miércoles, la Cámara de Diputados rechazó el decreto 351/25 que había avanzado sobre la independencia del Banco Nacional de Datos Genéticos. El decreto del Poder Ejecutivo fue rechazado por 133 votos a favor, 69 en contra y una abstención. No obstante, aún sigue vigente dado que para ser invalidado se requiere, además, el voto en contra del Senado.
“Sin el Banco Nacional de Datos Genéticos no se puede encontrar más a nadie”, afirmó más temprano Guillermo Pérez Roisinblit, nieto cuya identidad fue restituída gracias al trabajo realizado por el organismo. En diálogo con el equipo periodístico de «Comunistas» —horas antes del rechazo parlamentario que recibió el decreto—, explicó en qué estriba su importancia y por qué es crucial para su funcionamiento que vuelva a gozar de independencia técnica y presupuestaria, condición que perdió en mayo del 2025 a manos de un decreto del Poder Ejecutivo por el que se lo descentralizó y puso dentro de la órbita de secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.
El decreto rechazado en la Cámara Baja permitió oportunamente la modificación del ente en virtud del uso que el Ejecutivo hizo de las facultades delegadas. Organismos de derechos humanos consideran que el presidente se extralimitó en esas facultades, e instó al parlamento a devolver su independencia y autonomía, status que garantizaba su protección frente a cualquier injerencia política.
Roisinblit, integrante de Abuelas de Plaza de Mayo, detalló que el decreto del presidente “viola compromisos internacionales” y “afecta causas judiciales por crímenes de lesa humanidad”. También subrayó que las muestras almacenadas “no pueden repetirse”, ya que muchas fueron obtenidas de familiares ya fallecidos. Con su descentralización, “se pierde la cadena de custodia y la memoria genética del país”, advirtió.
Creado en 1987 para almacenar y comparar muestras de ADN de familiares de desaparecidos con el fin de identificar a niños y niñas nacidas en cautiverio durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, el ente posibilitó la restitución de la identidad de 140 personas, mientras que más de 300 aún permanecen con su identidad vulnerada y en el desconocimiento de su verdadero origen.
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Roisinblit sostuvo en el programa emitido por Bravo TV de lunes a viernes a las 20.30 que el decreto avanzó oportunamente sin justificación técnica real: “El argumento fue una supuesta duplicación de funciones, pero lo que hay es una decisión política de recortar”, observó. El Senado tendrá en sus manos el rechazo o la validación definitiva de un decreto que, según Roisinblit, “pone en peligro la herramienta más poderosa que tuvo el Estado para reparar el pasado”. La pérdida de autonomía, el vaciamiento institucional y la posible injerencia política aparecen hoy como nuevas formas de silenciar el pasado más oscuro de la nación.
LB / FPT