La crisis y violencia aumentan en Haití

El Gobierno de Haití decretó estado de emergencia nacional  luego de que las cifras oficiales confirmaran un escenario devastador: más de 1,500 personas asesinadas en los últimos seis meses como resultado directo de la violencia de las bandas armadas que controlan gran parte del territorio.

La medida, que en teoría busca reforzar la seguridad y devolver el control  al Estado, llega en un momento en que la población vive bajo un clima de miedo permanente, con comunidades enteras desplazadas, bloqueos de rutas, secuestros diarios y un colapso casi total de los servicios públicos.

Pese a la gravedad de las cifras, el decreto de emergencia no ofrece un plan concreto para restablecer el orden, convocar elecciones o garantizar un mínimo de estabilidad institucional.

Analistas locales e internacionales coinciden en que el gobierno interino carece tanto de la capacidad operativa como de la legitimidad política para implementar medidas efectivas contra las pandillas, que en muchos casos actúan como autoridades de facto.

Organismos de derechos humanos han denunciado que la estrategia oficial se limita a declaraciones y promesas vagas, mientras la violencia sigue desplazando a millas de personas.

La situación los redirige a zonas marginales sin acceso a alimentos, agua potable ni atención médica. A esto se suma la fragmentación política y el vacío de poder que impiden una respuesta unificada frente a la crisis.

La comunidad internacional, aunque ha expresado su preocupación, ha avanzado lentamente en el despliegue de la misión multinacional de apoyo a la seguridad, dejando a Haití en una peligrosa zona gris: sin un Estado funcional, pero con una intervención externa que no termina de materializarse.

En este contexto, el estado de emergencia parece más un gesto simbólico que una verdadera estrategia, mientras la población continúa atrapada entre la violencia indiscriminada de las bandas y la inercia de un gobierno que no logra o no quiere recuperar el control.