Un grupo de ONGs, entre las que figura el Cels, la ACIJ y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, denunció al gobierno en el Comité de Naciones Unidas por el deterioro de la situación que atañe a las personas en esta situación.
El informe crítico, elaborado por las ONGs y que responde a una solicitud de información del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, será examinado por el cuerpo internacional en el marco del 33° período de sesiones.
El trabajo es contundente. Allí se lee que: “denunciamos que las políticas de discapacidad del gobierno argentino están generando una vulneración generalizada de los derechos de todo el colectivo. Desguace de políticas públicas, inconstitucionalidad de la auditoría de las pensiones y colapso del sistema prestacional”.
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En el último año, el organismo venía recibiendo sucesivas denuncias e informes que alertaban sobre los retrocesos en las condiciones de acceso a las pensiones no contributivas, las falencias en los procesos de auditoría impulsados por el Estado Nacional, el debate en torno a la Ley de Emergencia, el estado de los servicios prestacionales y otras vulneraciones de derechos que está atravesando este colectivo. Las alertas encendidas hace tiempo motivaron este pedido de informe, que siguiendo un procedimiento protocolar está dirigido a la Misión Permanente de Argentina ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, y en paralelo también a las organizaciones que representan a las personas con discapacidad.
Las primeras preguntas del pedido de informe refieren a la modificación normativa que el gobierno impulsó para el acceso de las pensiones para las personas con discapacidad, así como las afectaciones que este cambio generó en este colectivo. También pregunta sobre la forma de implementación del proceso de auditorías y sus consecuencias.
Las organizaciones denuncian que —por la aplicación del nuevo marco regulatorio, que reintroduce requisitos inconstitucionales, y por las irregularidades del proceso de auditoría— ya se suspendieron miles de pensiones.
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El propio vocero presidencial anunció el 8 de agosto la suspensión de 110.522 pensiones, afirmando que “habían sido mal otorgadas en gestiones anteriores”. Sin embargo, la mayor parte de las suspensiones se están realizando a personas con discapacidad que nunca recibieron la carta documento para asistir a la auditoría.
El documento reza: «Recordamos al comité que el proceso de auditoría tiene graves falencias, por ejemplo: las citaciones se realizan únicamente por carta documento, un medio inaccesible y que no llega a muchos lugares del país por dificultades con el servicio de correo».
Según las cifras informadas por la propia Agencia Nacional de Discapacidad, a junio de este año un 46% de las citaciones no habían podido ser entregadas.
También manifestaron la preocupación por la falta de información sobre las causas de la suspensión y las vías para realizar un reclamo que se brinda a las personas afectadas, dado que muchas de ellas no recibieron ninguna notificación y toman conocimiento al ver que no tienen el dinero disponible. Todo esto, en un contexto en el que la interrupción de la pensión supone la pérdida de un ingreso que aunque es insuficiente, es fundamental para costear necesidades básicas y al mismo tiempo, ocasiona la pérdida automática de la cobertura del Programa “Incluir Salud”, con la consiguiente falta de continuidad de sus tratamientos y la falta de acceso a prestaciones esenciales para la salud y la vida de las personas.