Las últimas acciones impulsadas por el Poder Ejecutivo destinadas a censurar la difusión de material audiovisual que podría estar vinculados a un accionar ilícito de funcionarios y ex funcionarios implica una afectación directa al derecho a la información de la ciudadanía.
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El Grupo Indalo repudia las denuncias penales destinadas a los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico.
Indalo Media repudia el intento del Gobierno Nacional de limitar la tarea del periodismo independiente a través de acciones judiciales que buscan censurar la publicación de información.
Las últimas acciones impulsadas por el Poder Ejecutivo destinadas a censurar la difusión de material audiovisual que podría estar vinculados a un accionar ilícito de funcionarios y ex funcionarios implica una afectación directa al derecho a la información de la ciudadanía.
Asimismo, las denuncias penales destinadas a los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, que se desempeñan en nuestros medios de comunicación, C5N y Radio10, significan una acción activa de amedrentamiento, incompatible con el Estado de Derecho.
En este caso, el acogimiento por parte del Poder Judicial del intento del Poder Ejecutivo de ejercer censura previa sobre los contenidos ligados a presuntas maniobras de corrupción oscurece la labor del periodismo y socava los cimientos de la democracia con fines poco claros.
Indalo Media – Comunicado
Como siempre lo hemos entendido, los medios de comunicación integrantes del Grupo Indalo continuaremos con nuestra función social de apuntalar los pilares en los que se sustenta la Constitución Nacional mediante el trabajo constante por la búsqueda de la verdad y el ejercicio periodístico de más alta calidad.
Indalo Media ratifica su compromiso con el ejercicio responsable del periodismo y su disposición a colaborar con las autoridades judiciales en el marco del debido proceso, manteniendo el irrenunciable derecho a informar sobre cuestiones de interés público.
La democracia se fortalece con más y mejor periodismo que tiene la función de contrapeso del poder y de informar a la ciudadanía las cuestiones de trascendencia pública.