La motosierra durante 2025 pasó, principalmente, por los subsidios a los servicios públicos y por las remuneraciones a los empleados estatales. Dentro del gasto total del año, el primer rubro sufrió una caída de 37,4%, mientras que el monto destinado a salarios del personal cayó un 9,4% en términos reales -es decir, descontando la inflación—.
Los datos surgen del informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), donde se reporta un empeoramiento del resultado fiscal, dado que, si bien el gasto cayó en 2,1% respecto del año anterior, los ingresos tributarios tuvieron una caída más grande, del 2,6%.
Hablando en plata, las cuentas públicas dejaron un superávit primario de $9,6 billones. Pero cuando se calcula el resultado financiero -es decir, el que agrega los pagos de intereses de la deuda-, entonces vuelven los números en rojo, con un déficit de 1,6 billones.
Estos números de la OPC suelen ser considerados un predictor de las cifras oficiales, que se darán a conocer dentro de pocas horas por la Secretaría de Hacienda. El reporte cubre la administración central -no todo el sector público- y se trata de cifras «base devengado» y no «base caja» -es decir, sobre los gastos hechos pero no necesariamente ya pagados-, lo que implica que en la versión final podría haber cambios.
Pero más que los números, lo relevante es «la historia» que cuentan las cuentas fiscales: que, pese a las presiones típicas del año electoral, el equipo de Luis Caputo se las sigue ingeniando para recortar el gasto. Y esto ocurre en un contexto en el que las jubilaciones -por lejos el rubro de mayor incidencia del presupuesto- creció por efecto de la nueva fórmula de indexación que toma como referencia la inflación pasada.
Como suele recordar el ministro, el superávit tiene más mérito si se considera que la caja de ARCA dejó de percibir el impuesto PAIS -que en su momento había representado hasta un 9% de la recaudación total-, y un recorte en las retenciones a la exportación agrícola. Claro que los economistas más críticos del plan ponen la lupa en otros rubros, como el IVA, donde se nota un reflejo del estancamiento en la producción y el consumo.
Jubilaciones: controversia y suba del gasto
Pero si hay un dato que llama la atención respecto del gasto público en 2025 es el de las jubilaciones. El reporte de la OPC marca que el rubro jubilatorio tuvo un incremento real de 10,7% en el año, algo que a primera vista puede resultar sorprendente, ya que el debate jubilatorio fue el centro de protestas violentas y encendidos debates políticos. Para Javier Milei, el tema se convirtió en su principal amenaza a la política fiscal, cuando en julio la oposición kirchnerista impulsó con éxito una ley de reforma en el Congreso.
Era el momento de mayor debilidad política de Milei, cuando venía sufriendo una saga de derrotas parlamentarias. Pero la ley jubilatoria era la que más le preocupaba, porque su incidencia podría llegar a 0,8% del PBI. El proyecto implicaba un incremento generalizado de 7,2% para toda la masa jubilatoria, a modo de compensación por el ajuste no realizado en enero de 2024. Además, se ajustaba el bono extra, desde $70.000 a $110.000, y pasaba a ajustar mensualmente por IPC.
Finalmente, Milei logró vetar la ley sin que la oposición llegara a los dos tercios para ratificarla. No fue gratis, por cierto: el acuerdo implicó una serie de concesiones fiscales a los gobernadores provinciales, que al mismo tiempo estaban impulsando cambios en la coparticipación.
En todo caso, lo curioso es que, si hubo un rubro que se benefició durante el año pasado, fue precisamente el de las jubilaciones: pasó de representar un 40,2% de los gastos corrientes en 2024 a un 45,3% en apenas un año.
Ganadores y perdedores
En realidad, ese aumento en la incidencia fiscal de las jubilaciones era algo que estaba previsto cuando se cambió la fórmula de Martín Guzmán por la nueva de 2024. La primera ataba el monto jubilatorio a la recaudación de Anses, lo cual hacía que en situaciones recesivas, los jubilados sufrieran más. Además, la inflación erosionaba todavía más el poder de compra, dado que los ajustes se realizaban en frecuencia trimestral.
Esto implicaba jubilaciones prácticamente congeladas en medio de un pico inflacionario, donde el único alivio vino por el lado de la suba de los «bonos extraordinarios» que el gobierno anterior había impuesto para los beneficiarios de la jubilación mínima, en un reconocimiento tácito de que la fórmula condenaba a la caída de los haberes.
El peor momento de las jubilaciones fue febrero de 2024, cuando el recorte de la masa jubilatoria fue de un impactante 38% en términos reales, en relación al año anterior. El fenómeno llegó a inquietar al propio Fondo Monetario Internacional, que pidió que el ajuste fiscal fuera socialmente sustentable.
A partir de allí, la fórmula diseñada por Caputo ató los pagos al IPC -con un «delay» de dos meses-. En una economía de inflación descendente, eso suponía una suba de las jubilaciones en términos reales.
Pero había un detalle importante: el bono extra se mantuvo congelado, lo cual hizo que las jubilaciones de la franja mínima se movieran más lento que las de la punta de la pirámide. Fue, en realidad, un efecto buscado deliberadamente, dado que, en el universo de 7,5 millones de beneficiarios del sistema previsional, apenas un tercio son «jubilados de verdad», porque cumplieron los requisitos de edad y 30 años de aporte a la Anses. Y el gobierno se propuso congraciarse con esa masa de jubilados que se sentía estafada por el «achatamiento» de la pirámide.
Los números son elocuentes: según el cálculo de la OPC, los haberes jubilatorios crecieron un 11,7% en el año para los beneficiarios de mayores ingresos. En cambio, quienes perciben la mínima y el bono complementario, apenas tuvieron una mejora de 1,3%.
En ambos casos, la tendencia es declinante, por efecto de la inflación. El sector de ingreso alto ya tuvo en diciembre una caída interanual. El que cobra el bono, ya está en variación negativa desde mayo. Con estas cifras sobre la mesa, queda más clara la controversia jubilatoria, aun cuando el gasto público para este sector de la población tuvo un aumento del 10,7% y representa un 45,3% del gasto -es, por lejos, el rubro más grande del presupuesto-.
Subsidios, candidatos a más recorte
La parte del gasto social que no es jubilaciones ni pensiones -es decir, los planes y programas de apoyo a sectores de menores ingresos- tuvo un leve incremento real de 2,2%, pero con gran disparidad entre cada rubro. Así, las prestaciones del PAMI tuvieron un crecimiento del 44,6% mientras el gasto en la Asignación Universal por Hijo subió un 18,9%, y otros programas fueron recortados.
En contraste, los subsidios a electricidad, gas y transporte público siguen su camino descendente: hace un año su peso en el gasto corriente era del 9,5%, mientras que ahora es 6,1% del total.
Y todo indica que este año la tendencia continuará, dado que ya arrancó con un «tarifazo» para sectores de ingresos medios, por efecto del recorte de subsidios que había quedado en suspenso durante el cierre electoral.
Otro de los rubros que sintieron la motosierra fue el de los salarios públicos de la administración central, que hace un año significaban un 12,2% de los gastos corrientes, disminuyeron su participación a 11,2%. El plan del gobierno es ahondar en el recorte en esa área, pese a la caída salarial ya experimentada en 2025, lo cual genera expectativas de un conflicto salarial en puerta.