Tras 14 horas de debate el oficialismo logró aprobar en el Senado el proyecto de reforma laboral impulsado por el presidente Javier Milei con el apoyo de casi toda la oposición no peronista, pero el tramo más importante de la sesión se da ahora en la votación por títulos, que definirá cómo quedan los artículos principales para el debate final de la Cámara de Diputados.
El proyecto se aprobó en general con 42 votos a favor y 30 en contra, una mayoría abultada que La Libertad Avanza logró construir con la ayuda de gobernadores y bloques dialoguistas, conseguida con duras negociaciones que se extendieron hasta las horas finales de la sesión. Por caso, el Gobierno concedió a último minuto que el «aporte solidario» a sindicatos siga siendo obligatorio.
La continuidad de las negociaciones en plena sesión tuvo que ver también con que la iniciativa de «modernización laboral» incorpora cambios sensibles en salarios, vacaciones, indemnizaciones, licencias por enfermedad y en los convenios colectivos de cada sector, que perderán peso frente a los que se firmen por empresa y región.
Así es que la discusión en el recinto se dio entre la promesa de LLA y aliados de que la reforma «generará más empleo registrado» y «adecuará normas» a la realidad laboral actual, y la advertencia del peronismo/kirchnerismo de que «no moderniza nada» sino que «abarata los despidos» y «elimina derechos» del trabajador.
Reforma laboral: cómo consiguió Milei los votos del Senado
Por la profundidad y extensión del proyecto (más de 200 artículos en 26 títulos), el Gobierno se vio obligado a aceptar una veintena de modificaciones sobre el texto original, entre ellas la eliminación de la rebaja en Ganancias para empresas, por presión de los gobernadores, y el mecanismo de financiamiento del nuevo Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para indemnizaciones.
Sobre ese punto, LLA cedió a los planteos de la UCR y otros bloques para que el aporte del empleador al FAL -que dejaría de ir a la ANSES- se diferencia entre empresas grandes (1%) y pymes (2,5%). Sin embargo, este es uno de los artículos más en duda para la votación en particular.
A sabiendas de que sería una pelea difícil, Milei no quiso dejar margen para errores o sorpresas y por ello mandó a la «mesa política» a instalarse en el Senado durante la sesión. El ministro del Interior, Diego Santilli, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, llegaron por la mañana y mantuvieron contactos con propios y ajenos durante todo el día.
Los 21 senadores de LLA encabezados por Patricia Bullrich contaron finalmente con el apoyo del PRO, la UCR y referentes de bloques alineados con los gobernadores como Flavia Royón (Salta), Carlos Arce y Sonia Rojas Decut (Misiones), Carlos Espínola (Corrientes), Edith Terenzi (Chubut), Julieta Corroza (Neuquén), Beatriz Ávila (Tucumán), Carlos Espínola (Misiones) y Alejandra Vigo (Córdoba). Con esas alianzas se logró la aprobación en general.
Pero ni el armado de esta mayoría ni el seguimiento de Santilli lo dejaron el proyecto tan blindado como esperaba el Gobierno a la hora para la votación de los artículos, dado que la salteña Royón y los radicales Maximiliano Abad y Flavio Fama votarán en contra del FAL, posura que también tomarán otros bloques provinciales que apoyaron en general y que pone en duda es punto del proyecto.
Negociaciones de último minuto y otra concesión a los gremios
En un marco de nerviosismo por el resultado final de la votación de los artículos, mientras transcurría la sesión el oficialismo reabrió la negociación sobre los «aportes solidarios» a los sindicatos, que se les retienen a los trabajadores no afiliados como parte del convenio sectorial, un tema clave para la CGT.
El Gobierno les puso un tope de 2% pero, sobre la marcha, aceptó que siga siendo compulsivo en lugar de convertirse en voluntario una vez pasados dos años, como se preveia. Con cierto malestar por esa nueva concesión a los gremios, los bloques aliados pidieron que se les diera el mismo trato a los aportes a las cámaras empresariales (como la CAME o la CAC), que también seguiran siendo obligatorios.
En defintiva, el desafío para los libertarios más allá de la aprobación en general era asegurarse de mantener bajo control los cambios que pudiera tener el texto y no que se les impongan por perder una votación, con el fin de que no alteren «el espíriitu» de la reforma laboral que quiere concretar Milei y que todavía tiene que pasar por la Cámara de Diputados.
¿Qué falta para que la reforma laboral entre en vigencia?
El Gobierno quiere que la reforma quede sancionada con fuerza de ley antes del 1 de marzo, cuando el Presidente volverá al Congreso para inaugurar un nuevo período de sesiones ordinarias. Para ello, extenderá un día más las sesiones extraordinarias de febrero, hasta el 28, y aún así estarán muy justos con los tiempos.
Ocurre que en la Cámara de Diputados los dictámenes de comisión para cualquier proyecto deben firmarse 10 días antes -como máximo- de que termine el período de sesiones y los feriados de carnaval (16 y 17 de febrero) complican el calendario legislativo. Así, el miércoles 18 sería la fecha límite para que se dictamine la reforma laboral.
Para tener la ley antes del 1 de marzo el oficialismo se verá obligado a darle un tratamiento exprés al proyecto en Diputados, porque es casi imposible que la reforma laboral se empiece a discutir allí esta semana cuando todavía no está ni siquiera constituida la Comisión de Trabajo. Quedaría para el 18, primer día hábil tras el feriado.
Ese mismo día La Libertad Avanza tendrá que reunir a la comisión, abrir el debate y conseguir las firmas para emitir el dictamen, de lo contrario el proyecto de «modernización laboral» recién podría ser votado y convertido en ley en marzo.
El Gobierno aspira a que los acuerdos que cerró con los gobernadores para aprobar la iniciativa en el Senado se proyecten en Diputados y agilicen el tratamiento del proyecto. Está por verse si las cosas se dan como espera Milei o no.
Indemnizaciones, vacaciones y licencias: puntos principales del proyecto de «modernización laboral»
Uno de los objetivos principales de la reforma que propone el Gobierno es terminar con la llamada «industria del juicio». En ese sentido, redefine la «mejor remuneración» para el cálculo de las indemnizaciones: solo el haber mensual, normal y habitual, sin conceptos como SAC o vacaciones.
Entre los puntos principales, se suman:
Licencias por enefermedad: El empleado percibirá solo el 50% de la remuneración básica si la imposibilidad de trabajar deriva de una actividad voluntaria y consciente que implique riesgo para la salud; de lo contrario, percibirá el 75%.
Prelación de los convenios:, se establece que un convenio de empresa de una provincia prevalece por sobre un convenio ámbito nacional.
Fondo de Asistencia Laboral (FAL): Se crean como opción para el pago de indemnizaciones. Se financiarán con una parte de los aportes del empleador que hoy van a la ANSES, el cual será de 1% mensual en grandes empresas y de 2,5% mensual MiPyMEs.
Actualización de Créditos Laborales: Se establece un nuevo esquema claro y preciso de actualización de créditos laborales: IPC + 3% anual.
Delimitación de beneficios sociales para el trabajador: Se redefine qué entra como beneficio social no remunerativo (comedor, reintegros médicos, guardería, útiles, capacitación, etc.).
Banco de horas: Se habilita que empleador y trabajador puedan acordar un régimen de compensación de horas extra alternativo al pago en dinero. El régimen, que podrá igualmente ser pactado por el empleador con la representación sindical en la empresa, deberá respetar los descansos mínimos legales.
Vacaciones: Se tomará el período entre el 1 de octubre y el 30 de abril y se permite acordar fuera de temporada. Se habilita el fraccionamiento, con un mínimo 7 días.
Delimitación de beneficios sociales para el trabajador: Se redefine qué entra como beneficio social no remunerativo (comedor, reintegros médicos, guardería, útiles, capacitación, etc.).
Régimen de Incentivo para Formalización Laboral: se crea un programa que reduce las alícuotas de contribuciones patronales para nuevos empleos.
Registración laboral simplificada y digital (ARCA): El registro ante ARCA será suficiente para la contratación formal de un empleado. No podrán exigirse requisitos extra por otras autoridades.RIMI: Se crea el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión. Apunta a que las empresas realicen inversiones en producción real, tecnología y expansión.