Madrid, 8 nov (EFE).- Las oenegés que atienden a migrantes en Burgos, a las que el Ayuntamiento ya no apoyará económicamente como resultado de un acuerdo entre PP y Vox, estudian cómo seguir atendiendo sin los recursos municipales a los cientos de personas vulnerables a las que ayudaban hasta ahora.
Así lo han trasladado fuentes de las entidades a EFE tras el anuncio ayer de la portavoz del Gobierno municipal, Andrea Ballesteros (PP), de retirar de los presupuestos de 2025 estas partidas -a las que se apoyó este año con 119.000 euros- a excepción de 19.000 euros destinados a Cáritas.
Ballesteros explicó ayer que se trata de una petición de Vox en el marco de la negociación de los presupuestos, con la que su formación no está de acuerdo porque considera que estas ONG hacen «muy buena labor».
Fuentes de Accem han señalado este viernes que la entidad recibió 28.188 euros el último año a través de este convenio, gracias al cual ha atendido de forma individualizada, desde hace más de 20 años, a 5.848 personas de 96 nacionalidades distintas.
Esto ha posibilitado su plena inserción en la ciudad, «contribuyendo a la cohesión social y la convivencia intercultural en la sociedad burgalesa».
Por ello, a esta entidad le apena que se pierda «la larga y excelente» colaboración con la administración municipal, ya que considera que ha prestado «un gran servicio a la sociedad burgalesa en esta larga trayectoria», que ha supuesto «un importante apoyo al tejido social de la ciudad».
Así ha sido reconocido, recalcan, con diferentes premios como el Reconocimiento Meninas Castilla y León 2023 de la Delegación del Gobierno.
Sobre qué pasará ahora, Accem ha subrayado que su prioridad «siempre son las personas», por lo que estudia cómo solventar la situación para seguir atendiendo a los migrantes en situación de vulnerabilidad.
Por otro lado, la Asociación Atalaya Intercultural, adscrita al Servicio Jesuita al Migrante, recibió el último año 13.000 euros gracias a este convenio, con el que han atendido a 385 migrantes en situación de vulnerabilidad, según han señalado fuentes de la entidad.
La mayoría de los beneficiarios de esta ayuda son personas latinoamericanas (sobre todo de Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador) y marroquíes, muchos de ellos en situación administrativa irregular.
Del total de personas atendidas, 343 son menores y jóvenes a los que prestan apoyo escolar: les proporcionan el material que sus familias no pueden darles y refuerzo educativo, además de otras actividades como campamentos de verano o recursos de ocio para adolescentes.
La asociación también se encarga de dar techo a 42 migrantes sin recursos, en tres pisos en los que viven familias y una casa de acogida en la que residen otras personas sin cargas familiares.
Desde la entidad han asegurado sentir inseguridad e impotencia al ver recortados los recursos del Ayuntamiento y aseguran que, más allá de la aportación económica, lo peor para ellos es el riesgo de perder el nexo que han construido con la ciudadanía desde hace 21 años, cuando comenzaron con su labor en la capital burgalesa.
De cara al año que viene, sin los recursos de la corporación municipal, intentarán seguir atendiendo al mismo número de personas o «a todos los que se pueda», aunque prevén que tendrán que recortar recursos, como el material escolar que proporcionan a las familias.
Otras de las entidades afectadas por la decisión del Ayuntamiento es Burgos Acoge, que, consultada por EFE, ha rechazado hacer declaraciones al respecto al estimar que se trata de una medida que no ha sido aprobada todavía. EFE