Un fallo judicial rechazó la apelación del Ejecutivo y exige la actualización de salarios y becas, considerando que la suspensión de la norma es ilegítima.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal falló este martes a favor de las universidades públicas, rechazando la apelación del Gobierno y ordenando la ejecución inmediata de la Ley de Financiamiento Educativo Universitario y Recomposición del Salario Docente. La norma había sido aprobada por el Congreso en septiembre del año pasado.
En su decisión, la Justicia argumentó que el proyecto se convirtió en ley al ser confirmado por dos tercios de los votos en ambas cámaras legislativas, y calificó los argumentos del Gobierno para no cumplirla como «poco serios». Además, estableció que la suspensión por decreto de la ley es ilegítima.
El fallo obliga al Ejecutivo a cumplir de forma inmediata con la actualización de los salarios de docentes y no docentes, así como con la actualización de las becas. La Justicia también precisó que el costo de implementar la ley representa un 0,23% del PBI, argumentando que no tiene un fuerte impacto en el equilibrio fiscal.
El Gobierno había apelado en febrero una medida cautelar que lo obligaba a aplicar la ley. Dicha cautelar había sido dictada en diciembre por el juez federal Enrique Cormick, tras un amparo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).