Un tribunal rechazó una apelación oficial y exigió la implementación inmediata de la norma, lo que reabre el debate sobre el financiamiento del sistema universitario y la gestión política de la agenda legislativa.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó una apelación del Ministerio de Capital Humano y le ordenó implementar de inmediato la Ley de Fortalecimiento Universitario. La norma, promulgada el año pasado, no había sido cumplida por el Poder Ejecutivo, a pesar de que el Congreso había rechazado el veto presidencial.
La decisión judicial reactiva las tensiones internas en el oficialismo respecto de la conducción política, en un momento en que se intentaba relanzar la agenda legislativa. Tras el fracaso del veto, el presidente Javier Milei había intentado derogar esta ley e incluyó la iniciativa en el frustrado capítulo once del Presupuesto.
Para evitar posibles denuncias penales por incumplimiento de deberes, el Gobierno había ordenado cumplir con la nueva ley de discapacidad, que también había demorado. Sin embargo, intentó dilatar las partidas para universidades, que incluían una recomposición cercana al 65% por inflación acumulada desde 2023 en gastos operativos y salarios.
En un intento por ganar tiempo, la Casa Rosada recusó al juez federal Martín Cormick, quien había ordenado el cumplimiento de la ley, argumentando que su condición de profesor universitario afectaba su imparcialidad. Ante la expectativa de un fallo adverso, el Gobierno buscó enviar un nuevo proyecto para modificar la ley y tornarla abstracta.
Negociadores oficiales se reunieron con rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para explorar una propuesta alternativa, que reconocía un monto cercano al 14% fuera de la paritaria 2025, pero no contemplaba el 38% perdido en 2024 reconocido por la ley vigente. Los rectores asistieron a las reuniones pero no validaron la oferta con un documento, mientras que los gremios se opusieron desde el principio.
Las demoras, junto con los tropiezos políticos y las marchas y contramarchas con otras leyes, postergaron la iniciativa hasta que la Justicia falló a favor de las universidades. El proyecto oficial nunca obtuvo dictamen de comisión.
La medida judicial tiene impacto tanto en la política interna del Gobierno, donde recae el liderazgo en la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y en el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, como en el plano fiscal, en un contexto de caída de la recaudación.