La presidenta Dina Boluarte ha sido posicionada como el personaje público más negativo del año, con un 62% de desaprobación. Sin embargo, no es la única figura del Ejecutivo que enfrenta una percepción adversa. Una reciente encuesta realizada por Ipsos para Perú 21 incluye también al primer ministro, Gustavo Adrianzén, y al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quienes son cuestionados por su desempeño y su baja aceptación ciudadana.
El titular del Mininter, en particular, ha sido señalado por su gestión frente a la creciente criminalidad en el país. Según el estudio, Santiváñez es identificado como un personaje negativo por un 14% de los encuestados, superando al premier Adrianzén, cuya desaprobación alcanza el 10%.
A pesar de los porcentajes relativamente menores en comparación con Boluarte, ambos funcionarios se suman a una lista de figuras con percepciones negativas, en la que también destacan nombres como Vladimir Cerrón y Andrés Hurtado. Esta encuesta refleja el amplio rechazo ciudadano hacia diversas figuras políticas, especialmente aquellas vinculadas al actual gobierno.
Juan José Santiváñez, abogado de profesión, asumió la cartera del Interior en mayo tras la renuncia de Walter Ortiz. Sin embargo, su gestión, a pocos días de culminar el año, no ha logrado contener la alarmante ola de criminalidad que afecta al país. Homicidios, extorsiones y asesinatos a manos de sicarios han llevado a declarar estados de emergencia en Lima, Callao y otras provincias, medidas que muchos consideran insuficientes.
Según el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef) del Ministerio de Salud, hasta el 30 de noviembre se registraron 1.829 homicidios a nivel nacional, superando los 1.431 reportados en todo el 2023. Esto equivale a un promedio de cinco homicidios diarios desde enero, consolidando al 2024 como el año con el mayor número de asesinatos en la historia reciente.
En Lima y Callao, el estado de emergencia se encuentra en su primera prórroga, mientras que en Trujillo y Pataz ya suma cuatro extensiones desde que fue declarado en febrero, como respuesta al impacto negativo en la seguridad ciudadana generado por la actividad minera ilegal.
Es importante recordar que, al decretarse el estado de emergencia en la capital, Santiváñez prometió renunciar si no se alcanzaban las metas trazadas. Sin embargo, pese al aumento de robos, extorsiones y homicidios, el ministro continúa en el cargo.
La gestión de Juan José Santiváñez enfrentó duras críticas debido a una serie de cuestionamientos dirigidos a la Policía Nacional del Perú (PNP). Entre las denuncias más graves destacan la inacción de comisarías frente a reportes de desaparición de mujeres y niñas que posteriormente fueron halladas sin vida, así como un homicidio cometido por un suboficial contra su pareja y la vinculación de una agente policial con la sanguinaria banda ‘Los pulpos’ de Trujillo.
Además, se han reportado casos de falsos operativos realizados para cumplir metas estadísticas y el presunto robo de pertenencias a un compañero herido durante una intervención policial en San Borja. Estas situaciones han intensificado las demandas de cambios estructurales en la institución y generado mayor presión sobre el ministro, cuyo liderazgo ha sido cuestionado por diversos sectores.
Desde Piura, el ministro reconoció los problemas dentro de la PNP y señaló la importancia de tomar medidas, aunque sus declaraciones han sido calificadas por algunos como insuficientes frente a la gravedad de los casos.
“Tenemos que extirpar de la Policía Nacional a los malos efectivos policiales, pero son más los buenos, y son más a los que tenemos que proteger y exigirles y pedirles, así como ya está sucediendo en la ciudad de Lima, que hagan uso de sus armas de fuego en defensa de la ciudadanía, en defensa de la seguridad y sobre todo en la captura de los delincuentes y las organizaciones criminales”, señaló el titular del Interior.
Los cuestionamientos contra el líder de la cartera de seguridad interna han adquirido un nuevo matiz en los últimos días, dejando de lado los cuestionamientos sobre la gestión de la seguridad ciudadana para centrarse en la decisión de pasar al retiro al coronel Harvey Colchado, reconocido por su participación en investigaciones anticorrupción.
El abogado de Colchado, Luciano López, calificó la medida como una “venganza política”. “No solamente lo han retirado de la manera más arbitraria posible, sino que esto tiene un perjuicio directo en sus beneficios, porque le han cortado literalmente la carrera”, declaró López.
En respuesta, Santiváñez negó estas acusaciones y sostuvo que el pase al retiro se enmarca en una política de renovación de cuadros prevista por la normativa vigente.
“No se le está pasando a retiro por una medida disciplinaria, como ha señalado su abogado. Es una causal de renovación de cuadros contemplada en el marco jurídico. Se le agradece por los servicios prestados, y se retira con el sueldo correspondiente al grado inmediato superior, que es el de general”, afirmó el ministro durante una entrevista en Milagros Leiva Entrevista.
El último viernes, a través de una resolución ministerial, Juan José Santiváñez ordenó el ascenso excepcional del comandante PNP Segundo Ocampo Aguirre, en reconocimiento a su participación en el Baguazo, el conflicto registrado el 25 de mayo de 2009. Sin embargo, este oficial también está vinculado a las muertes ocurridas durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte en Juliaca, entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.
Frente a las críticas por el ascenso de Ocampo Aguirre, el ministro justificó la medida argumentando que responde a un análisis realizado por el Consejo de Investigación de Oficiales Superiores (CIOS), que evalúa y reconoce las acciones meritorias de los efectivos policiales. “Esta decisión es resultado del análisis técnico que realiza el CIOS, que valora y reconoce las acciones destacadas de cada oficial o suboficial”, explicó el titular del Mininter.