En un esfuerzo por garantizar la transparencia y la equidad en la asignación de pensiones por invalidez, el gobierno ha lanzado una auditoría masiva que involucra a más de 300 mil beneficiarios. Esta iniciativa, liderada por el Ministerio de Salud de la Nación, busca asegurar que el beneficio llegue exclusivamente a quienes realmente lo necesitan.
La auditoría del Gobierno comenzó con el envío de cartas a beneficiarios de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral (PNCIL) en las provincias de Chaco, Buenos Aires, Tucumán, Mendoza, San Luis y Santa Fe. Los beneficiarios han sido convocados a presentarse a una evaluación médica con un profesional del Programa de Atención Médica Integral (PAMI).
Durante esta evaluación, se les pedirá presentar la documentación requerida y someterse a los controles necesarios. El objetivo principal de esta auditoría es detectar y corregir irregularidades en la asignación de pensiones.
Según datos oficiales, de las 22.417 pensiones revisadas el año pasado, solo el 20% cumplía con los requisitos legales. Además, se identificó que 150 personas fallecidas y 212 presos seguían percibiendo la pensión. En octubre del año pasado, se capturó a 14 prófugos de la justicia que cobraban este beneficio de manera fraudulenta.
La respuesta a la convocatoria es obligatoria. Los beneficiarios que no se presenten a la evaluación médica sin una justificación válida podrán ser dados de baja del beneficio. Quienes no puedan asistir deben justificar su ausencia con 24 horas de anticipación, enviando un correo a [email protected] o a través del chatbot TINA de WhatsApp.
Esta auditoría es el primer paso de un relevamiento que involucrará a un millón de personas. El Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) proyectan que esta revisión permitirá un ahorro estimado de 900.000 millones de pesos este año.
Proceso
El proceso se desarrollará de manera escalonada y progresiva, con especial atención en las pensiones otorgadas durante el gobierno de Alberto Fernández. El gobierno ha firmado acuerdos específicos con ANDIS y PAMI para la contratación de servicios postales, evaluaciones clínicas y procedimientos administrativos que permitan la baja de beneficios irregulares.
Los especialistas de ANDIS analizarán los antecedentes y emitirán los dictámenes que definirán la continuidad del beneficio. El Ministro de Salud, Mario Lugones, ha destacado que esta medida es crucial para garantizar que los fondos públicos lleguen a quienes realmente los necesitan.
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