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La cadena productiva del tomate industria, tradicional motor económico en el Valle de Uco, en Mendoza, atraviesa una coyuntura crítica. Productores advirtieron que la conjunción de costos elevados, falta de acceso al financiamiento y, sobre todo, una presión creciente de las importaciones, especialmente desde Chile, pero también de China, podría terminar por desarticular toda la matriz de valor, desde los viveros hasta las fábricas.
“La situación fue muy mala. Nos pagaron lo mismo que el año pasado y con eso no se cubren los costos. Los que estaban dentro del programa Tomate 2000 cobraron entre 100 y 112 pesos el kilo con contrato, pero es el mismo precio del año pasado y no se tomó en cuenta la inflación. Peor la pasaron los del tomate libre: apenas se pagó entre 60 y 90 pesos. Nos pagaron un precio vil. A esos valores, es imposible sostenerse”, alertó Mario Leiva, productor de la zona a LA NACION.
Hoy, en la Argentina hay cerca de 8000 hectáreas dedicadas al tomate industria, cultivadas por unos 400 productores. Según el productor, en el Valle de Uco se cultiva un tomate perita de mucha calidad que es reconocido por su textura y firmeza, pero que no tiene tanto rendimiento porque es una zona fría. Se llega a producir unos 100.000 kilos por hectárea que sería un número óptimo. En San Juan, se puede llegar a cosechar hasta 200.000 kilos de ese mismo tomate.
Leiva también advirtió que, si bien ese tomate es el fuerte en la región, para tener rentabilidad, al productor le deben quedar al menos entre 20.000 y 30.000 kilos, si no no le sirve hacer tomate. “Hoy eso no está ocurriendo porque incluso aquellos productores que tuvieron contrato y colocaron lo producido, tuvieron demoras en los pagos. En algunos casos, las fábricas tardaron mucho en pagar y aplicaron descuentos muy grandes por calidad. Eso hace inviable seguir produciendo, no fue un buen año”, dijo Leiva.
Tres meses atrás, la Asociación Tomate 2000 ya había alertado que, de continuar la tendencia actual, la superficie podría reducirse un 40% en la próxima campaña. En este contexto, la pérdida del autoabastecimiento logrado en 2024 está cada vez más cerca.
Uno de los mayores temores es el desplazamiento por productos importados. “Las industrias achicaron la superficie de siembra y están trayendo pasta de tomate de Chile y China en tambores. Es más barata, pero de muy mala calidad”, advirtió Leiva. Según datos del sector, el producto extranjero llega a ser entre un 10% y 15% más barato, lo que resulta clave en un mercado donde el precio define la continuidad de muchos productores.
En Valle de Uco, hay unos 400 productores que tienen cada uno entre 20 y 25 hectáreas. En la actividad aseguraron que frente a esta situación es muy probable que en la próxima campaña en muchas hectáreas ya no se cultive tomate, porque el mercado se va a abastecer con pasta importada, que fracciona y luego vende en góndola al consumidor. “Un 40% no va a volver a plantar tomate y se irá a otras producciones. Hay mucho desánimo entre los productores”, dijo Leiva.
El panorama no mejora al mirar el acceso al crédito. Remarcaron que la Argentina carece de financiamiento privado real y, si un productor quiere invertir en tecnología para crecer, no puede hacerlo porque las tasas bancarias son inaccesibles en este contexto.
Mauricio Sáez, productor de San Carlos, describió un escenario de incertidumbre: “Todavía no está definida la campaña que viene. Recién ahora están empezando a organizarla. Las industrias ya avisaron que van a reducir bastante la superficie plantada”. Según su estimación, la caída rondará un 30%, dependiendo de la zona.
Para Sáez, al drama de la importación de pasta de tomate, se suma una merma en el consumo interno, con fábricas que acumulan un importante volumen de stock sin salida. “Este año no aparecieron las pequeñas industrias que solían comprar el llamado ‘tomate libre’. Ese producto quedó en el campo sin cosechar porque no tuvo destino”, relató Sáez.
Según Sáez, con los actuales niveles de costos, para que un productor tenga rentabilidad necesita al menos 120 pesos por kilo y una producción mínima de 100.000 kilos por hectárea. “A 70 pesos el kilo, como pagaron algunas industrias, no se cubren los gastos. Y eso es insostenible”, remarcó.
Otra dificultad es hacer frente a los costos de los servicios de cosecha. “Hoy la única forma de abaratar costos es tener máquinas propias. El que tiene que pagar servicios está a raya”, dijo. Para optimizar la recolección, se utilizan equipos que trabajan en remontando un surco sobre otro, hasta cinco pasadas, permitiendo que el camión entre junto a la cosechadora. Pero esa tecnología está fuera del alcance de muchos.
En este nuevo contexto, la falta de previsibilidad y herramientas financieras pone a los productores en una situación de desventaja estructural. “El que tiene contrato con la industria sobrevive. El que no, directamente desaparece”, sentenció Sáez.
Por último, Leiva cerró con un diagnóstico duro pero realista: “Los más chicos ya decidieron que no van a volver a plantar. Se irán a otro cultivo o dejarán de producir. No tenemos retenciones pero tenemos algo que es peor que las retenciones que es la vinculación industria-producción primaria que sigue siendo abismalmente injusta. Estamos cautivos de la industria», finalizó.